En estos casos, la asociación era para compartir gastos y el ejercicio seguía siendo individual. La vinculación de la profesión jurídica con la clase alta era muy fuerte, en la medida en que en general los abogados provenían de los estratos medios-altos y altos, puesto que el acceso a la formación universitaria era aún muy limitado. De ahí que la percepción elitista de la profesión fue realmente fuerte en este periodo. Ello no puede desvincularse de la situación económica del país, cuyo proceso de industrialización fue tardío y las grandes transformaciones económicas van a realizarse justamente en la segunda mitad del siglo veinte.
Pero, además, demandas por accidentes del trabajo Calama un buen tiempo, las resoluciones gubernativos estuvieron ligadas a argumentos jurídicos (justicia social, equidad, cumplimiento de derechos o bien adecuación de la propuesta a reglas constitucionales o legales). Lo jurídico era un elemento relevante en el instante de decidir una política pública. El día de hoy han adquirido más peso los argumentos de otras esferas del saber y se promueve que las políticas públicas se diseñen tomando como criterios a la factibilidad económica, la eficiencia, la productividad, aunque no dejan de estar presentes los razonamientos de solidaridad y justicia social. Este hecho ha tendido a desplazar a los abogados en la esfera de la toma de resolución sobre lo público, permitiendo la entrada de otros profesionales, como los economistas, los administradores, entre otros muchos. Podría decirse que los abogados se han concentrado en una especificidad profesional: escribir las leyes que van a desarrollar esas políticas públicas. La preponderancia del empleo del derecho para ir edificando una sociedad socialista podría implicar una nueva expansión del rol del abogado en la sociedad venezolana. Esta hipótesis requiere de una profunda investigación de campo.